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Seminario de Expertos sobre Reinserción Social
de Personas con Discapacidad Psíquica que han pasado por el Sistema
Penal Penitenciario
Alicante, 17 de noviembre de 2006
INAUGURACIÓN
El Seminario fue inaugurado por la directora técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, Natividad Enjuto García; el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Alicante, Juan Ramón Rivera Sánchez; y la subdirectora general de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias, Gloria Corrochano Hernando.
Natividad Enjuto García reseñó la
labor realizada a través del convenio entre la Universidad de
Alicante y el Real Patronato sobre discapacidad destacando la importancia
de la labor que se viene realizando y la importancia del papel sinérgico
entre las administraciones y la Universidad.
Asimismo, puso de manifiesto la importancia que tienen para el ámbito
de la intervención social con personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental que pasan por el sistema penal-penitenciario, todos
aquellos trabajos que favorezcan un mayor y mejor conocimiento de la
realidad de este colectivo, como el Protocolo informatizado desarrollado
desde la Universidad de Alicante.
Gloria Corrochano informó sobre la creación
de una nueva Subdirección General de Medio Abierto. Destacó
la necesidad de actuar preventivamente en las situaciones que pudieran
llevar a la comisión del delito. Asimismo, destacó que
cuando no se hubieran podido impedir los hechos delictivos se debería
intervenir para evitar que las personas con discapacidad intelectual
cumplieran su pena o medida de seguridad dentro de los establecimientos
penitenciarios que, en su opinión, no son el ámbito adecuado
en el que deben estar estas personas. En este sentido, destacó
la importancia que la Dirección de Instituciones Penitenciarias
da al trabajo desarrollado por las asociaciones.
Por otro lado, habló de la dificultad que entraña detectar
la discapacidad intelectual dentro de las instituciones penitenciarias,
y señaló que es fundamental dicha detección para
una buena intervención. Por eso, explicó, se está
trabajando en la elaboración de herramientas de diagnóstico
para su utilización por parte de los equipos de tratamiento.
Mencionó que actualmente hay diagnosticada una población
que oscila en torno a las 600 personas, mayoritariamente de sexo masculino.
En cuanto a la intervención, anunció la próxima
publicación de un documento de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que se adelanta para conocimiento del grupo
de expertos antes de su edición. Informó también
sobre los cursos de formación sobre la intervención con
este colectivo realizados para el personal funcionario de Instituciones
Penitenciarias.
PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO INFORMATIZADO DE SEGUIMIENTO
Tras las palabras de apertura se procedió a la exposición de los aspectos técnicos del protocolo de seguimiento de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito penitenciario.
En primer lugar tomó la palabra Fernando Bernal Mora, webmaster de la página www.rehabilitarex.org en la que se encuentra el Protocolo Informatizado (de acceso restringido a las personas incluidas como administradoras), para hablar de la parte técnica del proyecto. Explicó las características del Protocolo Informatizado, elaborado desde el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante con la participación de un grupo de coordinadores de programas de intervención en cárceles de la Confederación FEAPS. Indicó que el protocolo respeta todas las normativas relativas a la protección de datos, de modo que sólo sirve a efectos estadísticos para un mejor y más profundo conocimiento del colectivo, pero impide la posible identificación de las personas.
Seguidamente, la profesora Clarisa Ramos Feijóo,
del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, explicó
algunos de los resultados que se están obteniendo de la explotación
estadística de estos datos, y que si bien son de carácter
provisional, porque el protocolo se encuentra en fase de experimentación,
permiten definir el perfil de la población con la que se está
trabajando. Destacó que si bien este protocolo ha sido elaborado
para retratar la realidad de las personas con retraso mental, se considera
que podría ser de gran utilidad la elaboración de una
herramienta similar para el colectivo de personas con enfermedad mental.
Indicó que en los datos del protocolo informatizado se observa
que un 62,69% de los casos de personas atendidas por el programa FEAPS
no tenía recogido en la sentencia el hecho de que se tratara
de una persona con retraso mental. Aunque, añadió, que
en muchos de estos casos se desconocía tal situación hasta
el ingreso en la cárcel y su evaluación por parte de los
técnicos del programa FEAPS. Este hecho, explicó, parece
poner de manifiesto que hay personas que aún habiendo pasado
por el sistema educativo o por el de salud no han sido adecuadamente
valoradas, lo que supone someterlas a una situación de mayor
riesgo.
Destacó que los datos son aún provisionales dado que sólo
se cuenta con 306 expedientes incorporados al registro. Pero explicó
que pueden encontrarse algunas evidencias, como que el 69,57% presenta
trastornos de personalidad, el 8,70% presenta trastornos mentales, el
60% presenta alteraciones de conducta y el 77,78% tiene problemas de
drogodependencia.
En cuanto a la situación de residencia, mencionó que un
50,66% viven en un Centro Penitenciario (Cumplimiento); un 5,26% lo
hacen en un Centro Penitenciario (Preventivo); un 10,86% en un Centro
Penitenciario (Psiquiátrico); un 21,38% en el domicilio familiar;
un 0,66% en una comunidad terapéutica; un 4,93% en una residencia
para personas con discapacidad intelectual; y un 0,66% en una residencia
para personas con enfermedad mental.
Expuso, asimismo, las conclusiones de los trabajos de investigación
realizados desde el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales
de los que puede concluirse que: hay un problema social que se sitúa
en la puerta de las instituciones y que se evidencia a través
del sistema penal penitenciario; que es necesario identificar cuál
es la situación real, y evaluar sus dimensiones y parcelas para
fijar prioridades; que existen nuevos perfiles que no responden a los
recursos existentes ni en la red pública ni en las asociaciones;
que la definición del Código Penal "centro educativo
especial" no existe en la realidad; que hay un problema de coordinación
socio-sanitaria; y que existe una clara necesidad de prevención
y detección.
EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Posteriormente se dio paso a la exposición de la
experiencia desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía
que fue presentada por Soledad Jiménez González, Subdirectora
de la Dirección General de Personas con Discapacidad perteneciente
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. (Junta de
Andalucía).
Esta experiencia parte del Convenio marco de colaboración firmado
entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia en Materia
penitenciaria de 23 de marzo de 1992 y se concreta en el Acuerdo Sectorial
entre el Ministerio del Interior y la Consejería para la Igualdad
y Bienestar de la Junta de Andalucía, en materia de servicios
Sociales para personas con discapacidad internadas en establecimientos
penitenciarios de Andalucía, firmado el 29 de mayo de 2006.
DEBATE
Durante el debate se expuso que en la mayoría de
los casos de personas con discapacidad intelectual o con enfermedades
mentales que aparecen el escenario penal-penitenciario parece claro
que ha existido una falta de intervención de los recursos más
normalizados o especializados de las redes sociales o de salud. En todo
caso, se comentó, el primero de los objetivos a fijar ha de ir
en la línea de evitar la comisión de delitos poniendo
para ello particular interés en las acciones sociales y sanitarias
de carácter preventivo en las que se incluyen los servicios de
salud con especial atención en los de salud mental, los servicios
educativos, los servicios sociales y el movimiento asociativo.
Se mencionó que siguiendo la trayectoria vital de muchas de estas
personas se observa que en algunos casos parece que se hacen visibles
ante la sociedad, ante la comisión de un delito o falta, que
lleva a que se detecte o diagnostique su retraso mental o su enfermedad
mental.
El sistema penitenciario recibe un colectivo muy importante de personas
que sin duda pudieran y debieran ser tratadas desde sistemas de atención
más normalizados y más especializados, que estarían
en mejores condiciones de responder a sus necesidades. Asimismo, se
incidió en que su presencia en el mundo de lo penal penitenciario
podría haber sido evitada si hubiera existido una adecuada detección
de las situaciones de riesgo en que se encuentran muchas de las personas
de estos colectivos; sobre todo si se tiene en cuenta que en los datos
provisionales que se manejan desde la Universidad de Alicante surge
como evidencia, entre las circunstancias sociales que pudieron influir
en la comisión del delito, el hecho de que en un 40,46% de los
casos existía una situación de debilidad ante la influencia
de los grupos de riesgo, mientras que en un 42,46% de los casos se trató
de estrategias de supervivencia.
También se comentó que gracias a la experiencia acumulada
en el ámbito de la intervención con personas con discapacidad
intelectual, después de más de una década de trabajo
de las entidades de FEAPS en el ámbito penal-penitenciario, era
necesario realizar una puesta en común entre los expertos que
trabajan en este campo, y dar lugar a espacios de debate y propuesta
de alternativas que permitan: dialogar sobre el estado de la cuestión,
y elaborar un diagnóstico conjunto; trabajar en estrategias de
identificación y diagnóstico de las personas afectas para
determinar la dimensión cuantitativa y cualitativa del colectivo
a atender (intervención); poner en común iniciativas y
experiencias desarrolladas para la integración de las personas
con discapacidades psíquicas; evaluar las posibles alternativas
de coordinación y trabajo conjunto que permitan la reinserción
social de este colectivo; evitar en la medida de lo posible que la respuesta
generalizada al tratamiento penal penitenciario de estos colectivos
sea el internamiento en prisión, o internamiento en instituciones
cerradas (prevención); y conseguir la derivación de estos
colectivos aprovechando el espacio penal penitenciario a recursos idóneos
en las redes sociales, educativas, de salud, básicas y especializadas.
En el debate se explicó la importancia de destacar la diferencia entre penas y medidas de seguridad; y dentro de las penas, las posibilidades que el Código Penal ofrece de medidas alternativas frente a las penas de prisión. También se destacó, en cuanto a las medidas de seguridad, que se hace patente la necesidad de diferenciar claramente entre las medidas privativas de libertad en centros psiquiátricos civiles o en los psiquiátricos penitenciarios y las no privativas de libertad en las redes normalizadas de los sistemas de salud o servicios sociales, fundamentalmente. En este apartado, se mencionó la evidente necesidad de buscar estrategias para identificar claramente el colectivo afecto por las penas de prisión o privativas de liberad en los centros de internamiento, de aquellos otros que son susceptibles o que ya están inmersos en el sistema de medidas alternativas a la prisión, incluidas las medidas de seguridad no privativas de libertad. Así, se explicó que no hay que olvidar que el colectivo a atender no ha de ser solamente el que se tiene identificado dentro de los centros penitenciarios, sino también aquel que está en la red de Servicios Sociales penitenciarios, en cumplimiento de medidas alternativas. También se puso en evidencia la necesidad de tejer una auténtica red de políticas y estrategias preventivas desde todos los sectores, incluso en aquellos casos en los que no se hubiera producido un hecho delictivo.
Otro punto de debate e interés, relacionado con
los ya expuestos, fue el papel de los distintos agentes intervinientes.
Se comentó que son muchas las personas y entidades que participan
o forman parte del escenario de intervención con estos colectivos,
y se indicó que el papel que tienen los fiscales, juzgados de
instrucción, juzgados de lo penal, audiencias y juzgados de vigilancia
penitenciaria, es fundamental y ha de ser motivo de reflexión.
Asimismo, por la importancia que desempeñan en la reinserción
social, resulta de particular importancia el rol desempeñado
por los Servicios Sociales y las redes del movimiento asociativo. En
este sentido se destacó la necesidad de incluir al sector de
la Salud Mental en futuras reuniones.
Otros agentes importantes en la intervención con estas personas
son aquellos vinculados con la provisión de recursos: entidades
voluntarias, instituciones de salud, instituciones educativas, de inserción
sociolaboral, terapéuticas, que forman el universo de entidades
llamadas a ser el referente de atención a estos colectivos y
que, por lo tanto, también deben ser identificados con precisión
para una correcta derivación a los recursos más idóneos.
Por último, en cuanto a los agentes intervinientes, se habló
de las Instituciones Penitenciarias, como entidad competente en la ejecución
tanto de las penas de prisión como de las medidas alternativas.
Por ello, se remarcó el importante papel que deben tener los
Servicios Sociales penitenciarios, de cuyo éxito en la gestión
de estas medidas va a depender la consecución del objetivo de
hacer del cumplimiento en prisión el último recurso.
Por otro lado, en el debate quedó clara la importancia
que debe darse al diagnóstico, tratamiento, seguimiento, coordinación
y formación. Se indicó que de un correcto diagnóstico
depende la posibilidad de aplicar medidas alternativas favorecedoras
para el colectivo que ocupaba a los reunidos. Se mencionó, asimismo,
que el tratamiento es el medio principal de intervención en el
medio penal penitenciario para lograr el objetivo de normalización.
De un correcto seguimiento, se explicó, va a depender en gran
parte el éxito o el fracaso del sistema. El seguimiento en el
ámbito penal penitenciario va a proporcionar elementos para la
decisión del mantenimiento, de la modificación o de la
finalización de los tratamientos derivados de las sentencias
y, por otro lado, va a proporcionar confianza al sistema penal para
la generalización de estas medidas alternativas.
La coordinación es también un eje transversal de toda
la intervención. Se precisa para el correcto diagnóstico,
derivación y tratamiento. Se indicó que la coordinación
entre jueces y fiscales, y los recursos en los que se aplican las medidas
alternativas, han de ser del mismo modo un importante objetivo de los
Servicios Sociales penitenciarios. Y se destacó también
la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinar
tanto en lo relativo al ámbito socio-sanitario como con la red
de recursos del movimiento asociativo.
La formación, además, surgió como otro eje transversal.
Quedó claro en el debate la necesidad de formar a todos los profesionales
que intervienen de manera específica en el sistema penal penitenciario.
En el debate se incidió también en que la
fase de instrucción es un momento fundamental, sobre el que hay
que reflexionar, pues es la fase en la que se pueden aportar informes,
diagnósticos sobre la situación o sobre la realidad social
de las personas con las que se va a intervenir. Con esta información
y con una intervención temprana en este espacio de la fase de
instrucción es de prever que las decisiones judiciales al respecto
podrían variar a favor del colectivo, puesto que al apreciarse
en mayor grado las cuestiones relativas a enfermedad mental, retraso
o discapacidad serán derivados hacia el ámbito de las
medidas de seguridad o de las penas alternativas como la suspensión,
los trabajos en beneficio de la comunidad u otros.
También se destacó la importancia del trabajo y la coordinación
durante la fase de ejecución de estas penas o medidas. Los Servicios
Sociales penitenciarios, ejecutores de las mismas, tienen la obligación
de realizar un Plan Individual de Seguimiento que propondrán
al tribunal sentenciador o Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para
su aprobación. Se subraya, nuevamente, la necesidad de que el
trabajo sea coordinado con los recursos sociales de salud, educativos,
o de las ONGs relacionadas con la discapacidad, para que estas propuestas
sean sustentadas en la aplicación del recurso más idóneo
dentro de los posibles. En esta fase de ejecución, se indicó,
hay que darle mucha importancia al seguimiento que, en definitiva, es
la observación de la aplicación de los tratamientos para
la revisión, modificación o en el caso de las medidas
de seguridad, incluso finalización de las mismas.
Por último, se señaló que como resultado de lo
anteriormente expuesto, sería de esperar que el sistema depurara
y derivará solo los casos más graves, y los que realmente
requieran de una atención muy especializada o una contención
por el peligro o alarma social que hayan podido generar los hechos delictivos
cometidos, a los centros penitenciarios. Y se indicó que el objetivo
sería lograr que se cumpliera el mandato legal de hacer del internamiento
en prisión el último recurso en los casos sentenciados
con penas.
CONCLUSIONES
Las conclusiones del Seminario se organizaron en base a cuatro temas: el de la prevención, el de la detección, el de los recursos y el de la formación.
En cuanto a prevención, se destacó que es necesaria una mayor información y formación de todos los sectores sociales de modo que puedan desarrollarse dispositivos preventivos para trabajar sobre las situaciones de riesgo de las personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental. Se indicó que hay un número considerable de casos que llegan al sistema penal penitenciario sin certificado oficial de minusvalía y que tienen que ser detectados por el personal funcionario, que alerta a las personas de los equipos FEAPS de que podría tratarse de personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, hubo bastante consenso al afirmar que estas acciones resultan insuficientes, y que existen casos en los que la discapacidad se podría haber identificado mucho antes de llegar al sistema penal-penitenciario. Por ello, se deduce que el proceso preventivo debe desarrollarse desde los tres niveles: primario, secundario y terciario, y no solamente en el ámbito de lo penal-penitenciario.
Directamente vinculado con lo con dicho en el apartado de prevención, se destacó la existencia de una "infradetección" de los colectivos de personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental en el ámbito penal penitenciario, por lo que se aconsejó promover diversos tipos de estudios e investigaciones que permitan tener una dimensión real del colectivo a atender y de sus necesidades. Para ello se requerirían instrumentos y protocolos adecuados de detección.
En cuanto a los recursos, se distinguieron dos niveles: un primer nivel que incluiría los recursos necesarios para evitar el ingreso en prisión, y un segundo que incluiría aquellos necesarios para la reinserción social en los casos de excarcelación posterior al paso por el sistema penal-penitenciario. Se indicó, además, que hay pocos recursos y que muchos de los que hay no son idóneos para la totalidad de los casos que salen del sistema penal penitenciario; fundamentalmente en aquellos casos en los que se dan trastornos de conducta, dado que en el ámbito de la red de recursos para personas con discapacidad la mayoría de los centros requieren que las personas no presenten alteraciones de conducta. Además, en los casos en los que se quiere evitar el ingreso en prisión, surge en ocasiones el inconveniente de que los centros no son cerrados y no pueden garantizar que la persona permanezca en ellos, lo que ante casos de alarma social hace que se dictamine el ingreso en establecimientos penitenciarios. Por todo ello, se hizo hincapié en la responsabilidad pública de las administraciones y también en la responsabilidad de las propias entidades del movimiento asociativo que deben asumir esa nueva realidad de la discapacidad intelectual.
Y, finalmente, en cuanto a formación, se postuló la importancia de avanzar en una formación especializada. Se mencionó la necesidad de establecer canales de formación que se ajusten a las nuevas realidades con las que se está trabajando. Y se señaló que la única forma de alcanzar un trabajo interdisciplinar es contar con un ámbito de debate conjunto donde se pueda partir de conceptos homologados para todas las personas que intervienen.
Víctor Herrero Escrich
Clarisa Ramos Feijóo