I Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad y XI Seminario del Real Patronato sobre Discapacidad
Madrid, 26 y 27 de octubre de 2006

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CRÓNICA

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido la encargada de organizar la XI Reunión sobre Universidad y Discapacidad, actividad del Real Patronato que desde el año pasado cambió su nomenclatura para pasar a denominarse Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. La Reunión, que se celebró durante los días 26 y 27 de octubre de 2006, acogió tanto a profesionales del mundo académico, como a estudiantes, representantes de las distintas administraciones o miembros de las asociaciones de personas con discapacidad.

INAUGURACIÓN

Al acto de inauguración asistieron el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa; la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce; y el presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, Mario García.

Mario García manifestó en su discurso que el déficit educativo de las personas con discapacidad es uno de los principales factores que impiden a estas personas participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Señaló que este déficit se debe, en gran medida, a las dificultades de acceso al sistema educativo y, especialmente, a los estudios superiores. Mencionó que las estadísticas ponen de manifiesto la gran diferencia entre el acceso a la Universidad de las personas con discapacidad y las personas sin ella. E indicó que esto tiene como consecuencia el que las personas con discapacidad accedan también en menor medida a puestos de trabajo de alta responsabilidad e influencia. Aunque, bien es cierto, apuntó, que reuniones como esta son un paso importante para lograr acercar dos realidades hasta hace relativamente poco tan distantes como son la universidad y las personas con discapacidad.

Amparo Valcarce recordó los inicios de estas reuniones sobre Universidad y Discapacidad que el Real Patronato organiza desde el año 1996 y mencionó que el compromiso adquirido para que todas las personas con discapacidad tengan acceso a los estudios universitarios en condiciones de igualdad con el conjunto de la población ha quedado reflejado en las líneas estratégicas de actuación de dicha entidad. Señaló también que fruto de ese interés del Real Patronato se está trabajando en la elaboración del Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, que será publicado en breve. Y mencionó todos los acuerdos que el Real Patronato sobre Discapacidad tiene suscritos con universidades para la realización de diversos proyectos. Así, destacó el convenio firmado con la Universidad de Salamanca y la Fundación Grupo Norte para la puesta en marcha del Plan ADU (Asesoramiento en Discapacidad y Universidad); el suscrito con la Universidad Carlos III para la gestión del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción; o con la Universidad de Extremadura y la Fundación Tutelar de Extremadura para la creación del Observatorio Estatal de la Discapacidad, entre otros.
Destacó también la inversión realizada por el Gobierno para la eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales en 20 universidades españolas, que ascendió en el curso 2005-2006 a más de seis millones de euros.
Asimismo, recordó que está en tramitación el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU), que recoge los derechos de los estudiantes, y entre los que destacan el derecho a recibir un trato no sexista; a la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad; y a que se reconozca su participación en la vida universitaria.
Por otro lado, hizo mención a la futura Ley de Lengua de Signos y medios de apoyo a la comunicación oral, que facilitará apoyo a los estudiantes sordos y con discapacidad auditiva en el desarrollo de las actividades académicas. Y, finalmente, destacó la figura del asistente personal que contempla la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para facilitar a las personas que no se pueden valer por sí mismas el acceso a la educación.

Carlos Berzosa hizo mención de los retos que ha tenido que superar la Universidad Complutense para poder albergar esta Reunión y señaló que el esfuerzo ha merecido la pena. Indicó que la Universidad Complutense se siente orgullosa de acoger un Congreso que tiene como fin favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Agradeció el esfuerzo de las personas que trabajan en la Oficina de Atención a los Estudiantes con Discapacidad y de la organización voluntaria Solidarios para el Desarrollo, que cumplía con la labor de la Oficina cuando la Universidad aun no tenía política institucional sobre la discapacidad.
Mencionó que poco a poco se van produciendo cambios muy positivos en este aspecto y que se están logrando mejoras en diversos aspectos, como en la accesibilidad, en las adaptaciones curriculares, en cuanto a las ayudas técnicas, etc. Pero indicó que hay que seguir trabajando y que el reto de la integración de las personas con discapacidad es uno de los grandes desafíos a los que van a tener que hacer frente las universidades en los años venideros.

1ª SESIÓN PLENARIA

Stefan Trömel, director gerente de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, moderó la mesa redonda de Normativas sobre Universidad y Discapacidad y líneas de trabajo impulsadas por el Libro Blanco.

Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, comenzó su discurso hablando de la normativa en desarrollo sobre universidad y discapacidad. Así, hizo referencia al proyecto de modificación de la LOU y al decreto sobre acceso de los estudiantes con discapacidad, del que señaló que la cuota del 3 por cien que marca es insuficiente y que desde la sectorial que él preside se está reclamando al menos un 5 por cien.
Seguidamente se refirió al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) señalando que se está trabajando en un documento que regule la organización de las enseñanzas universitarias en España, e indicó que bajo su punto de vista, además de regular la estructura y duración de las titulaciones, se debería postular la mejora de la metodología docente, de modo que fuera más adecuada y particularizada, diferenciando la atención a las distintas situaciones de los alumnos.
Más adelante habló del problema económico que tienen las universidades para hacer frente a la atención de las personas con discapacidad en sus espacios e instalaciones. Indicó que la discapacidad aparece a menudo en los discursos, pero luego no aparece reflejada en las dotaciones presupuestarias de las universidades. Y apuntó como una posible solución el acudir con planes de actuación concretos a las administraciones públicas para lograr parte de la financiación.
Y, para acabar, mencionó una serie de asuntos en los que se ha avanzado pero que siguen siendo ampliamente mejorables, como son el de la movilidad internacional, el de la accesibilidad, el de la inserción al empleo de los estudiantes, el de las nuevas tecnologías o el de hacer un registro más exacto del número de personas que hay en las universidades españolas y sus características particulares.

Luis Cayo Pérez Bueno, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), habló en nombre de las entidades promotoras de la creación del Libro Blanco de Universidad y Discapacidad para anticipar cuáles pueden ser las recomendaciones que en él se expongan. Explicó que el Libro Blanco tiene su origen en 2005 con el convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Real Patronato sobre Discapacidad, el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y el CERMI. Indicó que surge de la necesidad creada por la falta de datos sobre el tema y que su objetivo es el de ofrecer una panorámica de la situación real de las personas con discapacidad en la universidad y ofrecer recomendaciones de actuación en este campo.
Mencionó que el Libro Blanco hará referencia a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación; que establecerá la obligación de ejecutar medidas de acción positiva; que tratará de que mejoren los servicios de orientación psicopedagógica y vocacional; que pedirá que se eleve la cuota de reserva al 5 por ciento; que exigirá que las universidades cuenten con un programa permanente y estructural de atención a estudiantes con discapacidad, y que se aplique la exención de tasas; que cuidará de que se cumplan los derechos de los estudiantes con discapacidad en las pruebas de acceso; que instará a que se realicen, siempre que sean necesarias adaptaciones curriculares, y que se avance en materia de accesibilidad universal de los entornos universitarios; que se cumpla la reserva de empleo en el ámbito universitario; que se fomente el asociacionismo y el voluntariado universitario; y que cada universidad establezca indicadores de calidad que se puedan acreditar con parámetros objetivos y mesurables.

Araceli Sanchís, vocal asesora del director general de Universidades, centró su exposición en los aspectos más recientes de las reformas del sistema universitario español que se están acometiendo en la actualidad. Hizo hincapié en las oportunidades que se abren para mejorar los derechos y la estancia de las personas con discapacidad en la universidad. Y habló, a ese respecto, del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que, como indicó, tiene su origen en la Declaración de Bolonia de 1999, y que comenzó con 29 países entre los que se encontraba España.
Mencionó que uno de los objetivos que pretende este EEES es que los países adopten un sistema flexible, comparable, compatible de titulaciones que facilite la movilidad de los estudiantes y titulados y que promueva nuevas oportunidades de empleo. Y señaló que en España esta construcción del EEES comenzó en 2003 con las normas que regulaban los créditos europeos y el sistema de calificaciones.
Explicó que dentro de los nuevos diseños se sitúa la preocupación por el aprendizaje a lo largo de toda la vida y por tener en cuenta las necesidades específicas de los estudiantes de secundaria que acceden a la universidad. E indicó que la reforma del sistema universitario español abarca muchos aspectos, no sólo la estructura y organización de las enseñanzas, sino también las metodologías de enseñanza aprendizaje, de forma que respondan a las demandas de la sociedad actual.
Puntualizó también que todo este marco organizativo formado por el anteproyecto de reforma de la LOU, y la nueva organización de las enseñanzas universitarias en el EEES inciden en la flexibilidad curricular, de gran importancia para todos y especialmente para las personas con discapacidad.
En definitiva, señaló, todos estos avances y la mayor autonomía de las universidades para organizar y establecer sus enseñanzas que se potencia en esta reforma, proporcionan una oportunidad excelente para plantear una oferta normativa que se considere apropiada con relación a la discapacidad, y además permitirá a las universidades impulsar sus políticas estratégicas y la cooperación con otras instituciones, facilitando la movilidad de profesores e investigadores y el desarrollo de proyectos conjuntos, lo que incrementará la calidad del sistema universitario en su conjunto, y el atractivo de la educación superior española.

2ª SESIÓN PLENARIA

Javier Font García, presidente de CERMI Comunidad de Madrid y presidente de FAMMA-COCEMFE Madrid, moderó la mesa sobre el movimiento asociativo de personas con discapacidad en la universidad: enfoques y medidas para potenciar un mayor protagonismo en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Serafín Soliño, de la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados del 11-M, habló sobre su organización, que lleva dos años funcionando, y explicó sus objetivos y acciones en todo lo relacionado con la universidad.

Emilio Ferreiro Lago, director del Centro de Recursos para la Comunidad Sorda "Juan Luis Marroquín, expuso la situación de los alumnos con discapacidad auditiva en la universidad española. Mencionó cifras provenientes del Instituto Nacional de Estadística y contrastadas con otras del Ministerio de Educación y Cultura en las que se apuntaba que sólo del 1 al 3 por cien de personas con deficiencias auditivas acude a la universidad, frente al 21 por ciento del resto de la población.
Explicó que la realidad de las personas sordas o con pérdida de audición es muy heterogénea y que, por tanto, las soluciones que habrá que ofrecerles tendrán que ser individualizadas y personalizadas.
Mencionó que la lengua de signos está más viva que nunca, gracias en parte a la Ley de la Lengua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral, y señaló que su uso en la universidad es fundamental para la integración de los alumnos con problemas de audición.
Como propuestas de futuro, indicó que habría que incluir la accesibilidad universal como indicador de calidad y prestigio en las universidades; que habría que diseñar políticas eficaces coordinadas entre la universidad y las Administraciones Educativas, consultando también a las organizaciones más representativas de la discapacidad; que habría que dar voz a las personas con discapacidad dentro de la universidad para ayudar a promover un cambio de mentalidad; y que hay que aprovechar la oportunidad que representa periodo de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior para que la universidad se haga cargo de las necesidades de las personas con discapacidad.

Miguel Ángel García Oca, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) y miembro del CERMI, inició su exposición señalando la importancia que el ámbito de la educación tiene en la vida cotidiana de cualquier persona, tanto por los aspectos educativos y culturales que ofrece como por ser parte fundamental para el proceso de socialización del individuo. Además, para las personas con discapacidad, como para cualquier persona, la universidad es un eje fundamental en el proceso de integración sociolaboral. En este sentido, mencionó, si valoramos el nivel educativo de las personas con discapacidad, hayamos una de las principales causas de la situación de inactividad, pues tan sólo un 16 por cien de este colectivo tiene estudios iguales o superiores a los secundarios.
Por tanto, señaló, es indispensable acabar con los problemas y los obstáculos que dificultan la participación en el ámbito universitario de las personas con discapacidad, si queremos que estas se integren plenamente y en igualdad de oportunidades en la sociedad. Indicó que en la universidad existen tres tipos de barreras: las físicas, las sociales y las de comunicación. Las barreras físicas y las de comunicación, apuntó, se podrían erradicar simplemente haciendo cumplir el marco legislativo vigente. Las barreras sociales son más difíciles de erradicar, y el camino para lograrlo es dar a conocer al colectivo.
Por último, mencionó actividades que PREDIF realiza en el ámbito específico de la Universidad, como son el asesoramiento en materias de accesibilidad integral; sensibilización y formación de los profesionales universitarios; interlocución entre la universidad, la administración pública y el sector privado; participación en foros; y difusión de información sobre los recursos y accesibilidad de dicha institución.

Carmen Jáudenes, directora técnica de la Federación Ibérica de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS), comenzó manifestando la importancia que está teniendo el desarrollo de oficinas de atención a los alumnos con discapacidad, que están facilitando la inclusión de las personas sordas gracias a su tarea de centralizar los recursos y facilitar el acceso a ellos. Explicó también que estos recursos deben ajustarse al perfil de cada persona y de la discapacidad que tenga, y señaló que el hecho de que un alumno haya llegado hasta el nivel de estudios superiores no quiere decir que ya no necesite unos recursos que en etapas anteriores sí tenía. Asimismo, recalcó la necesidad de formar y especializar a los profesionales de la educación.
Explicó que para las personas sordas la principal dificultad es el acceso al aprendizaje autónomo, provocado por los problemas a la hora de iniciarse en la lectoescritura y en la falta de estimulación temprana para el acceso al conocimiento. En este sentido son muy importantes los logros realizados en diagnóstico precoz, en el diseño de nuevas prótesis más avanzadas o en la mejora de la información y orientación a las familias. Todo esto, señaló, junto con un marco normativo más avanzado, ha hecho que la situación de las personas sordas mejore notablemente. Destacó de entre las nuevas leyes las de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad; la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Universidad; y el Proyecto de Ley de Lengua de Signos y Medios de Apoyo a la Comunicación Oral.
Como elementos que todavía hay que mejorar, mencionó la capacitación del profesorado, una especialización que permita una adecuada respuesta educativa, y unos recursos tan diversos como las necesidades.

Juan José Lacasta, director técnico de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), habló en primer lugar de la organización a la que el representa, y señaló que el Movimiento Asociativo FEAPS existe para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.
Indicó que su intención es implicar a todos los agentes sociales, políticos y económicos en dicha tarea. Y explicó que la universidad tiene, desde su punto de vista, un papel esencial. Mencionó que FEAPS tiene establecidas alianzas estables o puntuales con la Universidad, pero consideró insuficiente su número. Por ello, propuso, habría que cambiar el paradigma de la colaboración. Indicó que la mirada de la universidad respecto a la discapacidad se focaliza casi exclusivamente en aquellas personas con discapacidad que pueden llegar a ser alumnos universitarios o profesores, por lo que todos o casi todos los esfuerzos, estrategias y recursos se destinan a la integración de estos colectivos en los campus. Pero, explicó, la universidad también debería desempeñar algún papel para aquéllas personas con discapacidad que, por sus limitaciones intelectuales, nunca van a formar parte ni del colectivo de los estudiantes ni de los profesores.
Por último, habló de la cooperación entre la universidad y las entidades de discapacidad, señalando aquello que pueden aportarse mutuamente. Y explicó que el objetivo de esta cooperación pasa por la necesidad de que la universidad adopte el enfoque de que hay que trabajar también fuera de ella, y de que los movimientos asociativos de la discapacidad intelectual hagan un esfuerzo por aproximarse más a la universidad y considerarla una institución útil y cercana.

Alberto Madrid Rojas, presidente de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la UCM, señaló que dicha asociación se creó en 2004 cuando un grupo de estudiantes comprendió las necesidades que tienen y las múltiples dificultades con que se encuentran al llegar a la universidad las personas que presentan alguna discapacidad. Explicó que las principales dificultades con las que se encuentran estos alumnos son los deficientes accesos a centros, escuelas y bibliotecas; la falta de material preparado y la falta de concienciación.
Mencionó la importancia del asociacionismo y llamó a la participación activa de las personas con discapacidad dentro de la universidad y dentro de su asociación. Apostó por una universidad de calidad que se preocupe por todos sus estudiantes, y apoyó la necesidad de flexibilizar el currículo. Expuso, asimismo, la necesidad de extender las ayudas a los estudiantes con discapacidad a los niveles de especialización como Master, Magíster o Doctorado.
También ofreció los resultados de una encuesta realizada por su asociación en la que se exponían las demandas de los alumnos con discapacidad de la UCM. Y terminó agradeciendo la labor del personal voluntario y de apoyo que permite que personas con alguna limitación puedan cumplir con su derecho de acceder a la educación superior.

Ismael Martínez Liébana, profesor de la Universidad Complutense y asesor de la ONCE, abordó el enfoque de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en relación con los estudiantes universitarios con discapacidad visual en el nuevo marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Así, tras analizar las peculiaridades que entraña la discapacidad visual en sí y las características más relevantes de la accesibilidad de estos estudiantes en el seno de la universidad, pasó a exponer tanto la actuación de la ONCE en relación con su apoyo a la integración de las personas privadas de vista en el ámbito universitario, como las perspectivas de futuro de este apoyo en el nuevo marco del EEES.
Explicó que son principalmente tres los tipos de apoyo directo que la ONCE proporciona a los alumnos con discapacidad visual: apoyo psicopedagógico (de orientación y asesoramiento), apoyo material y de recursos técnicos, y apoyo económico. Por otra parte, indicó que la ONCE desde hace ya más de diez años viene suscribiendo con un gran número de universidades públicas y privadas Convenios de Cooperación Educativa e Institucional, en los que se contemplan aspectos tales como la accesibilidad al medio físico y a la información escrita mediante la adaptación tiflotécnica, la colaboración mutua en posibles cursos de formación de interés común, etc.
Finalmente, esbozó algunos de los fines y objetivos esenciales que la ONCE habrá de perseguir en relación con los estudiantes universitarios privados de vista y el nuevo espacio europeo de enseñanza superior. Señaló, entre otros, lograr la accesibilidad universal a los diferentes fondos bibliográficos relacionados directa o indirectamente con la especialidad cursada por el alumno; profundizar en la formación y sensibilización del profesorado universitario para que de forma permanente adecue y adapte su metodología de enseñanza a las peculiaridades perceptivas del alumno discapacitado visual; potenciar el voluntariado social como elemento decisivo en el proceso de integración del alumno privado de vista en el seno de la universidad; o hacer cada vez más presente la discapacidad visual en los currículos de las diferentes especialidades universitarias.

Mª Ángeles Aguado, vicepresidenta de la Federación Española de Síndrome de Down, comenzó ofreciendo datos sobre las personas con síndrome de Down en España. Indicó que en nuestro país hay 32.000 personas con síndrome de Down, que su esperanza de vida es de alrededor de 55 años y que actualmente nace con este síndrome uno de cada mil niños. Señaló que el 90 por ciento de los niños con síndrome de Down estudia educación primaria en la escuela ordinaria, pero que las cifras bajan mucho en educación secundaria y formación superior.
En cuanto al empleo, mencionó que hay unas 600 personas trabajando en empresas ordinarias. Y dijo que la Federación Española apuesta por el empleo con apoyo, utilizando la figura del mediador hasta que la persona está totalmente integrada en su puesto de trabajo.
Explicó que la Federación agrupa a 80 asociaciones de toda España y que trabaja programas de todo tipo, en los que prima la flexibilidad, para que las propias personas con síndrome de Down y sus familias sean quienes marquen sus propios objetivos. De ese modo, indicó, pueden ser protagonistas de su propia vida.
Por último, mencionó algunos de sus últimos y más novedosos proyectos, destacando las viviendas independientes, los programas de voluntariado, de empleo con apoyo o de acogimiento familiar.

Roser Romero, secretaria de organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y miembro del CERMI, indicó que uno de los factores que tradicionalmente más ha influido en la exclusión social de las personas con discapacidad ha sido su bajo nivel formativo, motivado por el difícil acceso a la formación.
Señaló que en el caso de las personas con discapacidades físicas el tema de las barreras arquitectónicas en los centros educativos, el transporte y la carencia de ayudas técnicas, son los principales escollos para avanzar en una formación que resultará imprescindible para su posterior integración laboral. Esto supone, mencionó, que la formación tendría que ser uno de los ejes principales de las políticas a favor de la discapacidad ya que, en buena parte, de ello dependerá que la persona con discapacidad pueda ser un elemento integrable en el mercado laboral y, por tanto, en la sociedad.
Mencionó que el esfuerzo personal, económico y familiar que ha de hacer la persona con discapacidad para asistir a la universidad hace que sólo algunos se atrevan a intentarlo, y que otros, a lo largo de la carrera, desistan en su empeño. Otros, señaló, optan por la universidad a distancia, lo cual es una manera de perpetuar su aislamiento.
Lamentablemente, indicó, la integración de las personas con discapacidad en la universidad obedece más a la acción voluntarista, para compensar y ayudar las desventajas que producen las discapacidades, que a la acción coordinada de unos programas y servicios desarrollados por los Gobiernos de las Universidades Españolas.
Por eso, señaló, es necesario seguir avanzando en aspectos como los de cumplir con la legislación; adaptar la normativa a las necesidades reales de las personas con discapacidad; fomentar la sensibilización del profesorado y de toda la comunidad educativa; fomentar la racionalización y la dotación de recursos humanos y materiales, así como la adaptación del entorno físico; fomentar la coordinación entre las universidades, las administraciones competentes y las organizaciones implicadas con la discapacidad; impulsar la búsqueda de soluciones que faciliten el acceso y permanencia en la universidad de los alumnos con discapacidad; y estimular la investigación aplicable al campo de la discapacidad.

Rosa Ruiz Salto, directora gerente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), explicó que su organización integra a 188 entidades en todo el territorio español, que representan a más de 37.000 personas. Aportó unos rasgos generales sobre la enfermedad mental y se refirió al estigma que lleva aparejado, que hace que la sociedad, por desconocimiento, tilde a estas personas de agresivas o violentas y las tengan miedo. Indicó que las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida bastante normalizada si siguen un tratamiento.
A continuación pasó a identificar las barreras que se encuentran las personas con enfermedad mental, y señaló entre ellas los estereotipos, la naturaleza compleja de la discapacidad psiquiátrica, la excesiva burocracia en el acceso a los recursos, la falta de información y servicios o la falta de coordinación.
Como adaptaciones útiles para las personas con enfermedad mental en la universidad destacó la adaptación de tiempos y entornos de evaluación; la elección selectiva de lugares adecuados en el aula; la adaptación de fechas y horarios; la reducción de la carga lectiva en periodos de evaluación; o el apoyo para materiales, apuntes, nuevas tecnologías.
Finalmente, destacó la publicación por parte de CERMI y de Telefónica de una Guía de recursos sobre universidad y discapacidad.

3ª SESIÓN PLENARIA

José Carrillo Menéndez, vicerrector de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior de la UCM, se encargó de moderar la tercera sesión plenaria sobre buenas prácticas en universidad y discapacidad en el marco de la Unión Europea y del EEES.

Mercedes Gutiérrez, profesora de la Universidad Complutense y asesora de la ministra de Educación y Ciencia, comenzó hablando del EEES y señalando que este debe incluir a todos los grupos de ciudadanos, sin discriminaciones. Mencionó que en Europa hay un diez por ciento de personas con discapacidad, 50 millones, que deben poder ejercer plenamente sus derechos.
Apuntó que la discapacidad no depende tanto del déficit de la persona como del problema para interactuar con lo que le rodea y que, por tanto, hay que trabajar para mejorar el entorno, para hacerlo accesible. Mencionó, asimismo, que la universidad debe trabajar para abrirse a todas las personas, pues como generadora de cultura y de valores debe ser promotora del cambio de mentalidad.
En cuanto al EEES, explicó que lo importante no es tanto la búsqueda de un nuevo sistema de estructuración de las titulaciones como los valores que se esconden detrás de este proceso, uno de los cuales es el de la equidad. Mencionó que de momento, y aunque se ha trabajado en ello, no se han adoptado acuerdos realmente vinculantes en los temas referentes a la discapacidad. Señaló que uno de los acuerdos que habría que alcanzar sería el de tener en cuenta el nivel de integración de las personas con discapacidad en una universidad a la hora de acreditar la calidad, y otro sería el de garantizar la existencia en todas las universidades de servicios de atención a la discapacidad.

Josefa Álvarez, del Departamento de Accesibilidad de la Fundación ONCE, habló sobre el Libro Blanco del Diseño para todos en la universidad, que nació a raíz de un convenio entre el IMSERSO y la Fundación ONCE firmado en 2002, y que fue financiado, además de por estas dos entidades, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Coordinadora del Diseño para Todas las Personas en España.
Explicó que el Diseño para Todos es la intervención sobre espacios, productos y servicios con el fin de que todos, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, el género, las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad. Y para que esto sea posible es necesario que los entornos sean totalmente accesibles para todas y cada una de las personas, es decir, han de ser respetuosos con la diversidad de los usuarios, seguros, saludables, funcionales, comprensibles y estéticos.
Conseguir esto, señaló, depende de que los profesionales relacionados con la construcción de los entornos tanto físicos como virtuales reciban la formación necesaria para, por un lado, poder diseñar proyectos no excluyentes de algún sector de la población y, por otro lado, poder resolver los problemas actuales que causan exclusión. Y para ello, los centros que forman a los futuros profesionales deben cumplir los requisitos de: concienciar a los estudiantes universitarios de la necesidad de crear entornos respetuosos con la diversidad humana; dotar a los futuros profesionales que intervendrán en el diseño de los entornos de una herramienta que les permita abordar los problemas de accesibilidad de sus proyectos; describir la realidad actual, con el fin de que los estudiantes la conozcan y puedan ser críticos a la hora de valorar los pros y contras de un diseño; definir la aplicación e implicación del Diseño para Todos en los diferentes proyectos; conseguir que los futuros profesionales introduzcan el Diseño para Todos, incluso, en sus proyectos de carrera; y desarrollar líneas de investigación relacionadas con el Diseño para Todos en los distintos ámbitos de conocimiento académico.

Mark Priestley, del Centro de Estudios de Discapacidad de la Universidad de Leeds, comenzó hablando de la legislación europea y de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Seguidamente pasó a hablar del EEES, de sus orígenes y de cómo en un principio no se abordó para nada el tema de la discapacidad.
Con posterioridad explicó cómo funciona el sistema universitario británico y cómo afrontan la integración de las personas con discapacidad.
Finalmente se centró en la Universidad de Leeds, en la que él trabaja, y explicó los servicios que allí se ofrecen a las personas con discapacidad.

Miguel Ángel Verdugo, profesor de la Universidad de Salamanca y director del Instituto de Integración en la Comunidad (INICO), habló de la investigación en discapacidad. Señaló que a lo largo del tiempo han ido cambiando los modelos de entender la discapacidad y que el concepto actual es el que propone la Clasificación Internacional de la Salud (CIF). Asimismo, apuntó que ahora se busca un enfoque integral basado en la calidad de vida.
A continuación mencionó algunas áreas de investigación que cuentan dentro del INICO con un grupo de trabajo estable. Se refirió a áreas como la calidad de vida, el empleo, el autismo, la inclusión educativa, las tecnologías de apoyo, la salud mental, etc.
Se refirió también al estado actual de la investigación sobre discapacidad en España, tomando como referencia las tesis doctorales leídas entre los años 2000 y 2006. Y señaló la pobreza de recursos, de infraestructuras y medios, de planificación, de ayudas, etc.
Finalmente expuso un decálogo sobre investigación en discapacidad, realizado en el INICO, y que contiene los siguientes puntos: la investigación en discapacidad ha de ser una prioridad de la administración pública y de las organizaciones no gubernamentales; necesita una aportación continua de recursos para permitir crecer y consolidar los grupos de investigación existentes, así como para formar otros nuevos; solamente puede ser planificada y dirigida con garantía por quienes tienen preparación y experiencia suficiente; es el mejor fundamento y apoyo para tomar decisiones eficaces en el proceso habilitador y rehabilitador durante toda la vida; sirve para planificar políticas sociales, de salud y educativas, implantar y mejorar procesos innovadores y para evaluar y mejorar las prácticas profesionales; permite tener un conocimiento crítico de la aplicación de la normativa, los programas y los recursos; es indispensable para incorporar una cultura de calidad; aporta conocimiento esencial para avanzar en la comprensión de las necesidades de las personas con discapacidad; ha de tener en cuenta la participación de las personas con discapacidad, quienes a su vez deben implicarse y colaborar activamente en los procesos investigadores; ha de orientarse hacia la igualdad de oportunidades y no discriminación, la promoción de la autodeterminación y vida independiente, y la mejora de la calidad de vida.

4ª SESIÓN PLENARIA

Carlos Andradas Herranz, vicerrector de Ordenación Académica de la UCM, moderó la mesa redonda que trató el tema de la universidad y nuevas tecnologías.

Roberto Aparici, profesor de la UNED, destacó que su universidad es la que más alumnos con discapacidad tiene matriculados. Explicó que el final del siglo XX y el inicio del XXI han supuesto un cambio que ha revolucionado las formas de relación y producción hasta ahora conocidas. Indicó que las nuevas tecnologías se han introducido y han transformado casi la totalidad de las relaciones humanas, y que esto es sólo el comienzo. Pero, indicó, en esta nueva era digital también se pueden producir barreras como la falta de medios técnicos o de alfabetización digital.
Mencionó que el lenguaje de la sociedad digital no es el lenguaje verbal, sino el multimedia, un lenguaje que se adapta mejor a la diversidad funcional de cada persona.
A continuación se centró en describir la UNED y comentó en qué consiste el Programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento que imparte su universidad y en el que se aborda el uso social de la tecnología, el software libre y el diseño para todos. Señaló que este curso se realiza en colaboración con el Real Patronato y con la Fundación ONCE.

Alfredo Fernández -Valmayor, profesor y director de la Unidad de Apoyo Técnico y Docente al Campus Virtual de la UCM, explicó que dicho campus virtual es un conjunto de espacios y herramientas en Internet que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la gestión docente, y que están permanentemente a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria. Indicó que el campus se organiza desde el Vicerrectorado de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior a través de la Unidad de Apoyo Técnico y Docente al Campus Virtual y de los Coordinadores de Centros UCM.
En el campus virtual, explicó, pueden participar todos los profesores, personal de administración y servicios (PAS) y alumnos de la Complutense que lo soliciten. Es accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet que disponga de un navegador Web. Asimismo, señaló, también pueden participar profesores, investigadores y alumnos que no pertenecen a la Complutense pero que colaboren con algún profesor de la UCM.
Mencionó que para organizar el CV-UCM se utiliza una herramienta informática de gestión de cursos en la Web que incluye las funciones necesarias para crear y mantener asignaturas, seminarios de trabajo o investigación y otros espacios académico-administrativos. Esta herramienta sirve para realizar la gestión de alumnos y grupos de trabajo, como sistema de comunicación (foros, correo, charla, anuncios, agenda), para la organización de contenidos y para el envío, recepción y evaluación de prácticas, trabajos, exámenes, etc. Actualmente, señaló, la usan 2.800 profesores y 47.000 alumnos.

Enrique Varela, director de Tecnología Accesible e I+D de la Fundación ONCE y Administrador Único de Technosite, mencionó al inicio de su discurso que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido en nuestras vidas, con Internet en el centro de todas ellas.
Mencionó que todo sistema de intercambio de información conlleva la creación de dificultades para determinados colectivos que, por diversas razones, quedan parcial o totalmente excluidos del uso y disfrute de estos sistemas. Y señaló que en la era de Internet y de las TIC, los grupos de exclusión son muchos más de los que a primera vista pudiera parecer.
Seguidamente se centró en el e-Learning, señalando que este tipo de enseñanza excluye total o parcialmente a los mismos colectivos que la propia INTERNET. Aunque, indicó, este sería un problema menor si tenemos en cuenta que la accesibilidad a INTERNET es cada día un requisito que se admite como indispensable a la hora de crear sitios y tecnologías.
Explicó que el colectivo de personas con discapacidad es particularmente sensible a los problemas derivados de la poca o nula accesibilidad de las plataformas y herramientas e-Learning actuales, y que la accesibilidad, la usabilidad, y el diseño para todos deberán ser cuestiones a tener en cuenta desde el principio de los proyectos, toda vez que se ha demostrado el sobre esfuerzo que requiere aplicar criterios de este tipo en fases avanzadas del desarrollo de proyectos.

Francisco Limonche, vicedecano y presidente de la Comisión de Formación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, apuntó que la discapacidad sitúa a todos, en un momento u otro, en lugares o situaciones donde la percepción de la no accesibilidad a los recursos más comunes de la vida, se hacen patentes. Explicó que las TIC, cada vez más avanzadas, facilitan la vida a quienes anteponen su voluntad a cualquier dificultad, aunque a la vez pueden complicar situaciones, cuando quien las planifica no se pone en el lugar del otro.
La Universidad, señaló, puede y debe de facilitar cuantos recursos sean necesarios para que una persona con discapacidad que desee estudiar pueda hacerlo en condiciones de igualdad a las de cualquier otro alumno. Sin embargo, mencionó, hay algo más que puede hacer la universidad: aportar valores también en accesibilidad.
El Espacio Europeo de Educación Superior, dijo, representa una oportunidad única en la adopción de nuevos valores universales, entre los que los relacionados con la accesibilidad deberán ser un referente. La accesibilidad es un valor humano de primer orden, apuntó.
Por último, se refirió a un estudio sobre la accesibilidad a las páginas web de las distintas universidades españolas y señaló que el 54,2% de las universidades españolas tiene algún nivel de accesibilidad en sus páginas web, frente a un 45,8% que no tiene ninguno.

Juan Carlos Ramiro, asesor de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, señaló que la universidad se ha configurado históricamente como el foro del saber y de la ciencia por excelencia y que ahora, en la nueva sociedad informacional, debe cumplir un nuevo papel. Debe formar a profesionales en todas las áreas del conocimiento, utilizando el principio ético de igualdad para que ninguna persona quede relegada en el acceso a la información, formación y conocimiento que las nuevas tecnologías nos proporcionan.
Mencionó que implementando este principio ético de igualdad y no discriminación, la universidad debe ser pionera en la formación de profesionales en el llamado Diseño para Todos, aplicable a cualquier campo educativo y social.
Explicó que dos principios éticos deben erigirse como pilares centrales en la nueva lucha por la igualdad social y, por añadidura del ser humano, constituyéndose como dos principios éticos irrenunciables en el campo universitario: el acceso sin barreras a los nuevos medios tecnológicos en la sociedad de la información, y la formación en el uso de las Nuevas Tecnologías basada en un concepto de diseño universal.
En definitiva, apuntó, si la universidad no incorpora y hace suyos unos valores y códigos éticos, de accesibilidad y diseño universal, así como de manejo de la información, para trasladarlos a sus futuros profesionales que gestionarán la sociedad sustituyendo a los actuales, nunca se conseguirá eliminar la brecha social propiciada por la era tecnológica.

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

Margarita Barañano, vicerrectora de Estudiantes de la UCM, y Victoria García, jefa de Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad, se encargaron de dirigir la lectura de las conclusiones que los portavoces de los nueve grupos de trabajo realizaron.

CLAUSURA

Margarita Barañano, vicerrectora de Estudiantes de la UCM, destacó la gran calidad de todas las participaciones en el Congreso, y señaló que gracias a ellas se ha podido avanzar un poco más en la integración de las personas con discapacidad en la universidad. Indicó, asimismo, que se han realizado muchas propuestas y se han obtenido unas conclusiones que se intentarán trasladar a la sociedad.

Victoria García, jefa de Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad, subrayó la gran intensidad del trabajo realizado. Apuntó que la sociedad española está alcanzando un notable grado de madurez en cuanto a la consideración de la discapacidad, y que el mundo universitario, como componente destacado de esa sociedad, debe transformar esa madurez en nuevos planteamientos y nuevos enfoques que consoliden y pongan en práctica un sentir ciudadano que, de manera progresiva, contemple la discapacidad no como una desigualdad sino como un elemento que, desde la diversidad, enriquece al conjunto social.

Mª del Carmen Pérez Anchuela, directora general de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, manifestó sentirse orgullosa de poder participar en la eliminación de barreras y de ayudar a avanzar hacia una plena igualdad de oportunidades para todas las personas. Señaló que el Plan de Acción para las personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid persigue esta igualdad de oportunidades y protege los derechos de estas personas. Y apostó por que, entre todos, sea posible aumentar la cifra de personas que cursan estudios universitarios hasta igualarla al de personas sin discapacidad.

Fernando Gurrea, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, mencionó que la sensibilidad sobre las necesidades de los colectivos más desfavorecidos va en aumento y que los conceptos de vida independiente, normalización, diseño para todos y transversalidad rigen las acciones de las administraciones cada vez en mayor medida. Sin embargo, señaló, la regulación jurídica no basta si la sociedad no asume ni toma conciencia de esta realidad, y no vela por los derechos de las personas con discapacidad y por una igualdad de oportunidades para todas las personas.

Carlos Berzosa, rector de la UCM, felicitó a todos los asistentes por el trabajo realizado y destacó la gran labor del equipo organizador. Finalmente dio por clausurado el II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad.

Texto y fotos:
Jorge Galián (POLIBEA)

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